Informe del Defensor del Pueblo en Navarra, bienestar social, vivienda y menores entre el top ten de las quejas.

El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra es la Institución que, por mandato del Parlamento, vela por el respeto y mejora de los derechos y libertades públicos de los ciudadanos, y con esta finalidad supervisa la actuación de todas las Administraciones Públicas de Navarra. Francisco Javier Enériz, ha presentado hoy ante el Pleno del Parlamento de Navarra el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2019, un dossier que contempla 2.888 actuaciones, 243 más que en 2018, lo que supone un aumento del 8,5%.

El top ten de las quejas al Defensor 2019.

Las diez materias en las que más quejas se han recibido han sido, por este orden, función pública (216), educación (157), bienestar social (98), acceso a un empleo público (70), Hacienda (69), tráfico y seguridad vial (61), medio ambiente (59), vivienda (58), sanidad (50) y euskera (29).

Por lo que se refiere a la primera de las materias, función pública, de las 216 quejas presentadas 119 tienen que ver con las retribuciones de los empleados públicos (complementos retributivos, ayudas familiares, abono de dietas por guardias médicas, etc.), también en relación a la falta de respuesta (25 quejas) y a la demora en la resolución de los recursos de alzada (47) a propósito de las solicitudes de abono de salarios correspondientes al periodo de verano de varios cursos escolares.

En segundo lugar se sitúan las quejas referentes a educación (157), un centenar de las cuales reclaman el cerramiento lateral del colegio público de Orkoien. La admisión a centros de segundo ciclo de educación infantil, primaria y secundaria acapara 22 quejas, entre ellas las de las 10 familias de Lerín que reclamaban la matriculación y el transporte escolar al IES de San Adrián y las de otras 26 familias que demandaban la implantación de una línea adicional en un colegio concertado de Tudela. Además, se contabilizan dos quejas por acoso escolar, otra sobre agresiones de tipo sexual y una cuarta por trato inapropiado de la profesora. La atención dispensada a dos alumnos con necesidades especiales es también motivo de controversia, en este caso por “ausencia de medios apropiados para el cuidado en los campamentos de convivencia”.

La tercera posición la ocupan las quejas relativas a bienestar social (98), con preeminencia de las vinculadas con la protección de la infancia y la adolescencia (26), seguidas muy de cerca por las relacionadas con la renta garantizada (19) y, en menor medida, con los problemas que padecen las personas con discapacidad (13), sobre todo a nivel de desplazamiento y accesibilidad. La Fundación Navarra para la Tutela de las Personas Adultas, por el modo de gestionar la tutela de las personas incapacitadas (7) y la protección de las personas mayores de edad (7), son también objeto de quejas, al igual que la violencia hacia las mujeres (3) y la atención dispensada por los servicios sociales (5).

En cuarto término se sitúan las quejas referentes al acceso a un empleo público (70), 56 de las cuales se localizan en la Administración de la Comunidad Foral, 12 en las entidades locales y dos en la UPNA. Sobresalen las relacionadas con el llamamiento a la contratación temporal (ante la falta de atención a una llamada se recurre a otro aspirante), las de las personas con discapacidad (falta de adaptación de los contenidos y del tiempo en los exámenes, exclusión de las convocatorias, demora de los informes de aptitud) y una última que reclama la reserva mínima del 2% del empleo público para las mujeres víctimas de violencia de género.

En quinto lugar se ubican las quejas sobre la Hacienda Foral (69), la mayoría cuestionando la posibilidad de practicar determinadas deducciones o reducciones IRPF, ya sea por vivienda habitual, por alquiler de vivienda habitual o por cotizaciones a la Seguridad Social de la trabajadora contratada para el cuidado de un familiar con un grado de discapacidad del 65%.

La sexta materia objeto de quejas es tráfico y seguridad vial (61), donde se ponen en solfa cuestiones que afectan a la ordenación del tráfico y la seguridad vial (15), además de sanciones y actuaciones de la grúa (25) y los colapsos que tuvieron lugar en las estaciones ITV.

En séptimo lugar medio ambiente siguen predominando las quejas inherentes a ruidos por actividades de diversa índole (27 de 59), en especial los que provienen de bajeras de jóvenes, locutorios, negocios de hostelería, fábricas, paradas de autobuses urbanos, vecinos o locales municipales. 

En octavo lugar figura vivienda, donde las impugnaciones (58) se refieren principalmente a la falta de adjudicación de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento, fruto de la escasez del parque de alquiler, circunstancia admitida por el Departamento competente en la materia con ocasión del análisis de las quejas o actuaciones de oficio tramitadas por la oficina del Defensor del Pueblo.

Otras nueve quejas guardaban relación con las ayudas públicas a la compra y arrendamiento (programas EMANZIPA y DAVID) de vivienda. La falta de reparación de desperfectos en viviendas protegidas (6) y la no concesión de una vivienda de emergencia habitacional por parte del Ayuntamiento de Pamplona (6) han sido también motivo de reclamaciones.

En noveno lugar se sitúa sanidad (50), donde la mayoría de las quejas tienen que ver con las listas de espera, sobre todo en traumatología y rehabilitación. Se hace constar también la falta de una unidad especializada en fatiga crónica en el SNS-O, la ausencia de un especialista en pediatría en el centro de salud de Etxarri Aranatz desde hace dos años y la protesta de tres mujeres solteras a la que se les ha denegado la técnica de fecundación in vitro por considerarse excluida de la cartera de servicios, razón por la que se sienten “discriminadas”.

En décimo lugar aparece el euskera, capítulo en el que gran parte de las quejas consignadas (29) disienten de su valoración en los procesos selectivos de personal convocados por la Administración de la Comunidad Foral y por las entidades locales, porque no se le otorga valoración alguna –mientras sí se valora el conocimiento de lenguas extranjeras en la zona no vascófona–, porque el euskera se valora menos que las lenguas foráneas o por no haberse determinado expresamente en la valoración de méritos –en la zona no vascófona–.

Bienestar social, vivienda, y menores ámbitos que afectan a las personas más vulnerables .

En cuanto a las consultas (1.625), han predominado las de bienestar social, en concreto sobre problemas relacionados con la pobreza y la exclusión social, donde se enmarcan cuestiones relacionadas con la renta garantizada, la labor de la Fundación Navarra para la Tutela de Personas Adultas y asuntos ligados a la protección de menores.

En vivienda, se ha inquirido principalmente sobre las dificultades de acceso y, más en concreto, sobre los procesos de adjudicación de VPO, incluidas las ayudas, los defectos constructivos en origen y, ya con carácter general, los problemas de convivencia entre vecinos.

Se destaca el incremento de la actividad del sistema de protección de menores, con 2.411 atendidos, y se sugiere potenciar el acogimiento familiar en lugar de la institucionalización

En cuanto a la valoración de la situación de la infancia y la adolescencia, los datos recabados ponen de manifiesto ‑de acuerdo con la tendencia de los últimos años‑ un incremento de la actividad del sistema de protección de menores. El número de menores atendidos en 2019, significativamente superior al de ejercicios anteriores, asciende a 2.411, 667 más que en 2018 y 706 más que en 2017. 

Desde la oficina del Defensor del Pueblo se sugiere proveer de los recursos adecuados al sistema de protección de menores, orientando su intervención a la prevención y atención temprana en situaciones de riesgo, procurando mejorar la coordinación, minimizar los casos de institucionalización y potenciar el acogimiento familiar. También se observa oportuno continuar con los programas de atención a menores no acompañados, en colaboración con otras Administraciones Públicas competentes.

La labor de supervisión desplegada en 2019 ha permitido hacer llegar a las Administraciones Públicas de Navarra 100 sugerencias (otras 20 de índole normativo), 213 recomendaciones y 71 recordatorios de deberes legales (en total 404 decisiones). Todo ello fruto de los 6.683 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar 1.625 consultas y presentar 1.138 quejas (han gestionado1.219, incluidas los pendientes de 2018), el 82,4% admitidas a trámite. Se han practicado 775 investigaciones, 752 de ellas con motivo de las quejas recibidas, 17 de oficio, 4 a propuestas ciudadanas y 2 con motivo de los informes realizados a solicitud del Parlamento de Navarra.

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